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La Junta destina 200 millones a nuevas medidas urgentes para impulsar el empleo y la inserción laboral de los jóvenes.
El programa Emple@Joven incentivará que los ayuntamientos contraten a menores de 30 años para trabajar en proyectos sociales.
Los jóvenes andaluces serán los beneficiarios del programa Emple@Joven.
La Junta de Andalucía destinará más de 200 millones de euros en dos años a un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo juvenil y facilitar a los emprendedores la constitución gratuita de empresas. Así se recoge en el Decreto Ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para poner en marcha los nuevos programas Emple@Joven y @mprende+, que se sumarán a los planes de choque que se vienen desarrollando en esta legislatura para paliar los efectos de la crisis económica sobre los colectivos sociales más vulnerables.
Con esta norma, Andalucía se convierte en pionera del establecimiento de las bases de implantación del Sistema de Garantía Juvenil impulsado por la Unión Europea para garantizar que los jóvenes puedan acceder a una oferta de empleo, educación continua o periodos de prácticas.
En esta línea, y entre otras novedades, destaca la creación de incentivos a los ayuntamientos para la contratación de menores de 30 años en proyectos sociales.
Los nuevos programas se regulan bajo la fórmula del Decreto ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre los datos que reflejan la exigencia de esta actuación rápida, destaca la grave repercusión que la crisis económica ha tenido sobre la población de entre 16 y 29 años de edad, con una tasa de desempleo juvenil que se ha multiplicado por tres desde 2007, y que ha provocado que uno de cada dos jóvenes se encuentren actualmente en paro.
A este indicador global se añaden la alta temporalidad laboral entre los jóvenes que sí tienen empleo (el 97,1% de los contratos registrados en 2013); la falta de correspondencia entre la cualificación y la situación laboral (43,7% de paro entre los titulados superiores); la alta permanencia en el paro (uno de cada cuatro demandantes lleva inscrito como tal más de un año), y la falta de experiencia laboral previa (que afecta al 28,3% de la población joven desempleada).
Para hacer frente a todo ello, el Programa Emple@Joven regulado en el Decreto Ley incluye cinco grandes líneas de actuación: la Iniciativa Activa Empleo Joven, con planes individualizados de tutorización y seguimiento para mejorar la empleabilidad; la Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que incluye contrataciones por parte de los ayuntamientos; la Iniciativa Prácticas Profesionales en Empresas, con más de un millar de becas; la reformulación del Bono de Empleo Joven; y una línea de apoyo a las prácticas profesionales en I+D+i. Estas medidas cuentan con una previsión presupuestaria de 200 millones de euros para 2014 y 2015, cofinanciados con fondos europeos.
Como beneficiarios, el Decreto Ley señala a las personas de entre 18 y 29 años empadronadas en Andalucía y, en calidad de entidades colaboradoras, a ayuntamientos, universidades y empresas empleadoras.
Con carácter general, las ayudas previstas serán compatibles con otras prestaciones, ingresos o recursos que se destinen al mismo fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes por parte de cualquier administración o entidad pública o privada, tanto nacional como de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
Planes individualizados
La primera de las iniciativas del Programa Emple@Joven, denominada Activa Empleo Joven, consiste en planes de tutorización y seguimiento personalizado para jóvenes en paro, con el fin de facilitar su acceso al mercado laboral a través de un tratamiento integral. Los solicitantes deberán inscribirse en la plataforma Emple@Joven, que estará disponible en la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) el día siguiente de la entrada en vigor del Decreto Ley.
En una primera fase, y en el plazo de un mes, se elabora un perfil profesional del beneficiario con sus posibles salidas laborales. En la segunda, y de acuerdo con este análisis, se le ofrece una propuesta de participación en alguna de las otras cuatro iniciativas que forman parte del programa o en otras que pueda desarrollar la Administración autonómica. El SAE acuerda con el joven demandante un mutuo compromiso de actividad, que le garantiza su derecho a acceder a las becas, prácticas profesionales y contrataciones previstas.
La segunda iniciativa del programa, denominada Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, tiene como objetivo promover la contratación de las personas procedentes de estos planes individualizados en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintas de las que realiza regularmente el personal de la Administración local. Con un presupuesto total de 173,9 millones de euros para 2014 y 2015, la Junta sufragará el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de seis meses de duración y tanto a jornada completa como parcial del 50%.
Equilibrio territorial
Como medida de equilibrio territorial y de fomento económico y del empleo, el Decreto Ley distribuye la totalidad de las ayudas entre las ocho provincias atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de jóvenes desempleados. Así, el 50% del total se reparte entre los municipios en función de esta tasa en cada uno de ellos respecto del total de Andalucía y el 50% restante en función de la población. No obstante, los municipios de menos de 50.000 habitantes, donde la incidencia del paro juvenil es mayor, recibirán una cantidad superior a la media. Además, se garantiza una ayuda mínima de 10.200 euros a los de menos de 1.000 habitantes.
En el proceso de selección tendrán preferencia las personas desempleadas de larga duración (inscritas como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos) que estén empadronadas en el municipio donde se realiza el proyecto y, de no haberlas, otras desempleadas de la localidad o, en su defecto, otros parados de larga duración de la provincia.
Los ayuntamientos deberán presentar la oferta de empleo ante el SAE, que le proporcionará tres personas candidatas por cada puesto de trabajo ofertado. La formalización de los contratos podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 2014.
Las obras y servicios incentivados deberán realizarse en régimen de administración directa y estar vinculados a alguna de las siguientes actividades: cuidados asistenciales; prestación de la ayuda a domicilio; servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad; protección del medio ambiente y de zonas rurales o naturales; revalorización de espacios públicos; gestión de residuos y aguas; ahorro energético, y promoción del turismo, el deporte, la cultura y el comercio y los productos locales.
El tercer bloque de medidas reguladas en el Decreto Ley es la Iniciativa Prácticas Profesionales en Empresas, que facilitará la inserción laboral de titulados universitarios y de FP de grado medio o superior a través del desarrollo de 1.000 experiencias profesionales no laborales. Esta cantidad podrá incrementarse con aportaciones de las entidades privadas que se adhieran al programa. Cada práctica profesional, de una duración de seis meses y jornadas de cinco horas diarias, será financiada con 2.700 euros.
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) será la entidad colaboradora encargada de gestionar la iniciativa, así como de poner en contacto a los demandantes con las empresas y entidades interesadas. En el mes siguiente a la publicación del Decreto Ley, la UNIA habilitará en su web las bases de inscripción y, una vez finalizado el plazo, realizará una preselección de candidatos y enviará sus currículos a las entidades que hayan solicitado participar.
La empresa o entidad receptora suscribirá un contrato con el beneficiario y le asignará un tutor, que al finalizar emitirá un informe que servirá de base al certificado.
Prácticas en I+D+i
El fomento de prácticas profesionales es también el objetivo de la línea de becas que se crea para jóvenes con titulación universitaria o de postgrado en el ámbito de la investigación y la innovación. Se trata de la Iniciativa Becas para Proyectos de I+D+i, por el que inicialmente se convocarán 500 ayudas con un presupuesto total de 4,1 millones de euros y cuantías de 7.200 euros por práctica. En este caso, las entidades solicitantes serán las universidades públicas andaluzas, que podrán pedir entre 20 y 60 ayudas y deberán garantizar la inserción laboral de al menos el 20% de los becarios acogidos.
La duración máxima de la práctica será de nueve meses.
Los criterios de selección primarán, con una ponderación del 40%, la nota media del expediente académico. Con un 20% cada uno se valorarán otros méritos curriculares, la realización de ciclos de grado o postgrado y el nivel de idiomas.
Las prácticas se realizarán en empresas y entidades con centro de trabajo en Andalucía y que desarrollen algún proyecto de I+D+i. Cada universidad confeccionará un catálogo de entidades de acogida para la realización de prácticas y, en dos meses desde la entrada en vigor del Decreto Ley, abrirá un proceso de selección en concurrencia pública.
Finalmente, el Programa Emple@Joven se completa con la reformulación del Bono de Empleo Joven, con novedades como la admisión del título de Educación Secundaria Obligatoria, independientemente de la vía de obtención; la ampliación de las modalidades de contrato y la posibilidad de parciales o a media jornada, y la oportunidad de dar entrada a un nuevo beneficiario si el contratado no culmina el periodo mínimo de 12 meses.
Esta modalidad de fomento del empleo se dirige a jóvenes de entre 18 y 29 años, titulados universitarios, de Formación Profesional de grado medio o superior y graduados en Educación Secundaria Obligatoria. Consiste en una ayuda de 4.800 euros para jornada completa o 2.400 para jornada parcial, distribuida en 12 mensualidades, que se hace efectiva cuando se firma el contrato con el beneficiario del bono. La previsión es que se alcancen los 4.200 bonos, cuyos contratos deberán ser formalizados hasta el 31 de diciembre de 2015.
Iniciativa @mprende+
Junto con las cinco iniciativas mencionadas, el Decreto Ley regula también el funcionamiento de la Iniciativa @mprende+, lo que supone la inmediata puesta en marcha de este servicio de apoyo dirigido a facilitar la creación de nuevas empresas de forma rápida y gratuita.
De acuerdo con esta fórmula, prevista en el Decreto Ley de reducción de trabas administrativas a la actividad económica aprobado la pasada semana, la Junta se compromete a correr con los gastos administrativos, notariales y de registro mercantil que conlleva la constitución de empresas.
Los interesados pueden solicitar este servicio en los Puntos de Atención al Emprendedor de los más de 200 Centros de Apoyo al Emprendedor (CADE) repartidos por el territorio, donde se le tramitará gratuitamente la constitución de la empresa y la ayuda.
La Junta suscribirá sendos convenios con el Colegio Notarial de Andalucía y con los decanatos de Andalucía Oriental y Occidental del Colegio de Registradores. Además, podrán sumarse como Puntos de Atención al Emprendedor las Cámaras de Comercio y entidades locales, a través de la suscripción de acuerdos con la Administración anda
